Paralización cautelar Puerto de Granadillas

La Cymodea nodosa es una planta marina que crece en aguas templadas y que forma una especie de césped submarino llamado sebadal. Es, además, un enorme quebradero de cabeza para el Gobierno canario, que desprotegió uno de sus sebadales para construir el puerto industrial de Granadilla, en Tenerife. Con la obra, los ejecutivos central y canario pretendían convertir las islas en el puente para los contenedores entre América, Europa y África, lo que requeriría una inversión de 380 millones de euros. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en un auto notificado ayer, dio la razón a Ben Magec-Ecologistas en Acción y suspendió de forma cautelar la desprotección del sebadal. La Autoridad Portuaria (de Fomento y la comunidad) paralizó ayer la obra, que comenzó 10 días antes.

La sala segunda de lo contencioso administrativo del alto tribunal canario ha anulado de forma cautelar la desprotección del sebadal mediante un procedimiento reservado a las "circunstancias de especial urgencia". No ha esperado a escuchar los argumentos del ejecutivo regional para ratificar o no su decisión. 

Los argumentos del Gobierno de Canarias y de la Autoridad Portuaria han sido defendidos en una comparecencia  en la que se ha alegado, por parte de las instituciones públicas,  que el puerto de Granadilla iba a suponer una mejora para el estado de las poblaciones de sebadales situadas al Sur de la infraestructura.

En contra de dichas afirmaciones, y con el objetivo de advertir sobre las gravísimas consecuencias que tendría la continuidad de las obras, la Federación Ecologista en Acción entregó sendos informes científicos, en los que se declara cuál será el verdadero destino de los sebadales de no tomarse medidas urgentes, así como que la catalogación como LIC de los sebadales de Güi-Güi y Antequera no suponen ninguna compensación a la pérdida del de Granadilla.

Por otra parte, la Autoridad Portuaria,  ha solicitado a los ecologistas una fianza de 31 millones de euros, cantidad que el Tribunal deberá estipular si es justa, considerando que Ben Magec es una ONG sin ánimo de lucro, que pertenece a la Confederación Ecologistas en Acción, declarada de Utilidad Pública en el año 1997, y que además fue galardonada con el premio César Manrique en el año 2003 por “su activismo ecológico, la conciencia y la vigilancia crítica sobre la necesidad de gestionar de manera sostenible los recursos naturales de las islas”.

La Federación ecologista advierte que, de producirse el levantamiento de la suspensión cautelar, pasaría lo mismo que ocurrió en el caso de la construcción del puerto de La Palma, que en el año 1997, una vez construido, fue declarado ilegal por no cumplir con los condicionantes ambientales que habían sido denunciados cuatro años antes por el colectivo ecologista ATAN, y para cuya suspensión cautelar se impuso un aval de doscientos millones de pesetas.

 Y es que el puerto de Granadilla ha sido objeto de gran controversia en las islas. En 2004, más de 20.000 personas se manifestaron contra el puerto, que incluye una regasificadora y un dique exterior de más de 700 metros. Los ecologistas de Ben Magec acabaron por llevar la protesta a los tribunales para denunciar el procedimiento que siguió la Consejería de Medio Ambiente para desproteger el sebadal. Consideran que "el vertido ininterrumpido de materiales en la costa [...] afectará a numerosas especies marinas protegidas existentes en el área", entre ellas la Cymodocea nodosa. Y que, además, la construcción alterará las corrientes de arena y amenazará así el ecosistema submarino. 

La Cymodea nodosa, según el informe de un grupo de investigadores universitarios, no está en peligro de extinción, pero es de "tal importancia" -al albergar cientos de algas distintas y un centenar de especies de peces- que su desprotección podría implicar "una sucesión de acontecimientos de consecuencias imprevisibles". "Con relativa frecuencia se observan juveniles de tortuga boba en determinadas áreas del sebadal", añade ese informe. 

Dado el valor de la especie, el Ejecutivo canario tenía un problema para autorizar el puerto, ya que había protegido la planta en 2001. En junio de 2008, la autoridad portuaria de Santa Cruz (en el que están Fomento y el Gobierno canario) pidió opinión a la Abogacía del Estado sobre cómo podría descatalogar el sebadal que se encuentra en la zona de la obra del puerto. Su intención era mantener la protección del resto de la especie. 

El abogado del Estado recomendó que la comunidad encargara un informe técnico y advirtió de que "sólo en el caso de que fuera favorable" a la descatalogación las obras del puerto serían legales. El decreto que creó el catálogo de especies protegidas de Canarias señala que sólo se pueden desproteger especies "con fundamento en la información técnica o científica que así lo aconseje". 

La comunidad encargó un informe a sus técnicos de biodiversidad. El pasado 29 de enero, un informe de los técnicos de Medio Ambiente afirmó que no había tales motivos científicos para sacar el bosque submarino del catálogo de especies amenazadas. El texto concluía: "La descatalogación propuesta de un sector" del sebadal "no obedece a razones o motivos relacionados con la biología de ésta o de cualquier otra especie. De hecho, no hay razones biológicas ni de conservación de la especie que justifiquen la descatalogación". 

Ello no impidió que el 6 de febrero pasado, y mencionando, entre otros, ese informe, la Consejería de Medio Ambiente descatalogase el sebadal frente al puerto. El coordinador de Ben Magec, Francisco Castro, afirma que "se trató de una descatalogación a la carta en contra de los técnicos de Medio Ambiente". 

El puerto cuenta con la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y, tras una dura pugna en Bruselas, la Comisión Europea lo aceptó en noviembre de 2006. 

El macropuerto ha sido una vieja aspiración del Gobierno canario. Con él pretendía "diversificar la economía insular" y no depender sólo del turismo. Los ecologistas han argumentado durante todo el procedimiento que "no es necesario ese puerto, ya que a 50 kilómetros está el de Santa Cruz, que está duplicando su capacidad", en palabras de Castro. Éstos alegan que la única justificación es la masiva inversión en obra pública y que no hay tráfico suficiente para el puerto.

Fuente: El País y Ecologistas en Acción.

Creación Comisión Interadministrativa para la gestión del Estario del Guadalquivir

Parece que algunas de las ideas más acertadas de la Directiva Marco de Aguas empiezan a ver la luz, como es la gestión única de la cuenca, incluyendo las aguas interiores. Y es que la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha informado en el Parlamento Andaluz que su departamento va a constituir una Comisión Interadministrativa para gestionar de forma coordinada el estuario del Guadalquivir. En este órgano participarán todos los sectores socioeconómicos, según el acuerdo adoptado el pasado mes de enero por la Mesa de Seguimiento encargada de analizar los episodios de turbidez y salinidad en este tramo del río.

 

Asimismo, la consejera explicó que en la Mesa de Seguimiento se adoptaron también varias medidas para paliar el riesgo que las condiciones meteorológicas puedan provocar en el comportamiento del Estuario del Guadalquivir. Para ello, Medio Ambiente se compromete a llevar a cabo una mayor vigilancia y un control más exhaustivo de cualquier uso que se haga del río y denunciar ante la autoridad competente cualquier posible actividad irregular en el mismo.

 

La Comisión Interadministrativa estará compuesta, en su mayor parte, por los participantes de la Mesa de Seguimiento, es decir, Administración estatal, autonómica y local competente, así como por los agentes socioeconómicos interesados en la gestión del estuario.

 

La titular de Medio Ambiente afirmó que para que esta Comisión tenga suficiente entidad jurídica para funcionar, su efectiva creación debe hacerse dentro del desarrollo reglamentario que se realizará tras la aprobación de la Ley de Aguas Andaluza. Esta norma regulará y establecerá la composición definitiva de los distintos órganos colegiados de participación en materia de aguas.

 

Durante su intervención, Castillo destacó que esta Mesa estuvo constituida por representantes de las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca, Feragua, el Servicio Provincial de Costas de Sevilla, la Autoridad Portuaria, Arroceros, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, las Delegaciones provinciales de Medio Ambiente de Sevilla y de Cádiz, ASAJA, Asociación de Empresas de Acuicultura, Doñana, Puerto de Sevilla, UPA, Areda, la Federación de Arroceros y los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, Isla Mayor y Trebujena.

 

Por otra parte, en cuanto a las medidas adoptadas para evitar los efectos meteorológicos en el estuario, la consejera incidió en que esta decisión se tomó tras escuchar las conclusiones de los distintos grupos de expertos que han estado estudiando durante meses el comportamiento del estuario para conseguir esclarecer las causas de los episodios de turbidez y salinidad del río de los pasados meses. Concretamente, presentaron sus informes los representantes del Centro de Estudios Hidrográficos del Ministerio de Fomento (CEDEX), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de Ayesa, empresa encargada por la Agencia Andaluza del Agua para realizar la batimetría para estudiar el lecho del río.

 

El Comité de Expertos concluyó, según recordó Castillo, que estos episodios de turbidez y salinidad se deben a fenómenos naturales que coincidieron en un espacio temporal concreto, lo que provocaron que los niveles normales de sólidos en suspensión y la salinidad subieran de forma importante y con continuidad en el tiempo.

Esperemos que este sea un medio eficaz para llevar a cabo una gestión integrada del estuario del Guadalquivir y al mismo tiempo ponga de relieve la necesidad de llevar a cabo este tipo de gestión en otros estuarios, como ya se hace en otros países como Estados Unidos, el cual cuanta con un Programa Nacional de Estuarios establecido en 1987 y al que se acogen 25 estuarios de todo el país. 

Liberación 160 ejemplares de atún rojo

La operación de liberación del exceso de atún enjaulado, procedente de la empresa Caladeros del Mediterráneo, llevada a cabo por la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Secretaría General del Mar en la zona de El Gorguel, en Murcia, sienta un precedente en el sector pesquero español. 

Los 160 ejemplares adultos liberados, treinta de los cuales han sido puestos a disposición del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para llevar a cabo un programa de investigación sobre el ciclo de reproducción del atún rojo, corresponden al exceso de cuota atribuido a esta empresa en base a las estimaciones elaboradas en el momento del traspaso bajo el agua del atún capturado por diversos cerqueros atuneros en el Mediterráneo en la campaña de pesca de 2008. 

La situación de deterioro constante del stock de atún rojo en el Mediterráneo y en el océano Atlántico Oriental ha sido el detonante para que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) conmine a cada parte contratante a definir los factores de crecimiento que aplicarán al atún rojo engordado en granja, como parámetros objetivos que permitan el control efectivo de la cuota de atún rojo de la que dispone cada parte contratante de ICCAT, como es el caso de la Unión Europea. 

Desde la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura, en el marco del Plan de Recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico Oriental y el Mediterráneo, en base a los estudios realizados por el Comité Permanente de Investigaciones y Estadísticas de ICCAT y en conjunción con el Consejo General de Pesca del Mediterráneo, se ha fijado en un 50% el factor de ganancia en peso durante el engorde en jaula en el caso de ejemplares de atún rojo de hasta 60 kg de peso al inicio de dicha fase de engorde. 

En la presente campaña, durante el curso de las actividades de engorde de atún rojo en vivero, desarrolladas por la empresa Caladeros del Mediterráneo S.L, en las instalaciones que posee en El Gorguel (Murcia), se han alcanzado los mencionados límites de crecimiento. 

Por esta razón, la Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la SGM resolvió proceder a la liberación del exceso de atún enjaulado. Esta operación se ha llevado a cabo hoy con la presencia de inspectores de pesca, en aras a verificar su estricto cumplimiento así como garantizar la supervivencia del atún rojo liberado y evitar su posible captura fortuita. 

La cuota de atún rojo de que dispuso España en 2008, entre flotas y almadrabas, ascendió a 5.678,5 toneladas, de las cuales se consumieron un total de 5.402,2 toneladas. Los datos de capturas de las distintas flotas autorizadas para la pesca de atún rojo en 2008 estuvieron abiertos a su consulta al público en la página web del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ( MARM).La cuota de atún rojo de España para 2009 es de 4.116,5 toneladas

Modificación de la Ley de Puertos

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes remitir a las Cortes el proyecto de Ley de modificación del régimen económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general, que persigue reforzar la autonomía de gestión de las distintas autoridades portuarias, que podrán fijar sus propia tarifas y competir entre ellas.

Según el Ejecutivo, este texto dotará al sistema portuario español de "herramientas indispensables" para incrementar su capacidad competitiva y su calidad. Además, le dotará de una oferta de servicios coordinada por las Autoridades Portuarias, con un amplio margen de autonomía de gestión y funcionamiento, "muy superior en muchos casos al que disponen otras alternativas portuarias europeas".

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que la nueva ley permitirá "aumentar la competitividad y la calidad de los servicios portuarios".

"Se trata de una buena noticia para consolidar el papel de España como plataforma marítima internacional, ya sea comercial, dado que los puertos canalizan el 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones, como para el sector de la pesca", destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En concreto, el Gobierno ha modificado los títulos I y III de la actual Ley de Puertos, aprobada en noviembre de 2003. 

Respecto al título I, relativo a las tarifas portuarias, el proyecto de ley mantiene la naturaleza jurídica de las tasas de los ingresos que perciben las Autoridades Portuarias por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público portuario, estableciendo una estructura común.

No obstante, la modificación permitirá a cada autoridad portuaria cuantificar sus tasas conforme a sus costes individualizados, en el marco de sus planes de empresa, y siempre acordados con el Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado. 

De esta forma, se pretende propiciar una "competencia interportuaria ordenada dentro de un marco de libertad y de lealtad económica" y "potenciar el principio de autosuficiencia económica y financiera de los puertos".

Además, el proyecto de Ley introduce una serie de mejoras técnicas, entre las que destaca la supresión de la tasa de servicios generales, la reducción de la cuota de la tasa de embarcaciones deportivas y a la pesca, y la disminución de la tasa de estancia de los buques en puerto durante los fines de semana. Establece además una nueva definición de las bonificaciones para potenciar la intermodalidad.

Según el Ejecutivo, este nuevo sistema de fijación de las tasas permite racionalizar el procedimiento para su determinación e podrán mejor los costes en los que incurra cada Autoridad Portuaria.

Además, el proyecto de Ley incluye una serie de bonificaciones destinadas a potenciar y consolidar, a nivel internacional, el papel de España como plataforma crucerística y logística, a fomentar la intermodalidad marítima e a incentivar las prácticas medioambientales con el fin de incrementar la calidad.

Respecto a la modificación del título III, relativo a la prestación de servicios, el nuevo texto elimina la distinción artificial existente actualmente entre servicios portuarios generales y básicos.

Asimismo, modifica las sociedades de estiba, que pasarán a denominarse sociedades anónimas para el trabajo de estiba. En defensa del interés general en estas sociedades tendrán participación mayoritaria las Autoridades Portuarias, pero se exigirán mayorías cualificadas para la adopción de ciertos acuerdos relevantes, con el objetivo de provocar aproximaciones con los sectores privados involucrados.

Además, la nueva ley fomenta la contratación por parte de las empresas estibadoras de trabajadores en relación laboral común y permite dar un tratamiento específico para los nuevos tráficos asociados a las denominadas 'autopistas del mar', a fin de hacer más atractivo en términos de calidad y precio el transporte marítimo de mercancías en relación con otras alternativas. 

Pero no todo parecen buenas noticias en torno a este tema y es que según Greenpeace el nuevo Anteproyecto de Ley hace referencia a la desprotección de una parte del dominio público marítimo-terrestre (franja de terreno definida por la Ley de Costas cuya protección y conservación resulta imprescindible para la supervivencia de los ecosistemas litorales). La reforma propone desvincular del dominio público portuario del dominio público marítimo-terrestre, abriendo la puerta a la especulación y privatización de un terreno hasta ahora público.

De esta forma una parte de los bienes de dominio público queda prácticamente en manos del Ministerio de Fomento a través de Puertos del Estado, "quien podrá proceder a la enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita" del mismo.

Uno de los aspectos más llamativos del anteproyecto es que abre la posibilidad de construir hoteles en los faros, pese a que el uso residencial está prohibido en el Dominio Público Marítimo Terrestre, lo que pone de manifiesto una gran pregunta referente a la propia Ley de Costas: ¿qué hacer con el patrominio existente en el Dominio Público?¿le damos algún uso o lo dejamos que se caiga?

Planes de Playas

Pues ya está aquí el mes de marzo, un mes de gran trascendencia para la temporada de playa por cuanto es el momento de presentar los Planes anuales de playa. Estos planes, presentados por los ayuntamientos y aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, a través de las Demarcaciones de Costas, con el informe favorable de las Comunidades Autónomas, marcan los usos y actividades que se desarrollarán en nuestras costas durante el período estival, y más allá de ésta.

Estos planes de playa cada vez tienen más trascendencia por varios motivos:

1. Las temporadas de playa cada vez son más largas, sobre todo en las costas mediterráneas y suratlánticas, comenzando en Semana Santa y extendiéndose hasta el mes de octubre, siendo una demanda de los empresarios turísticos el que las playas ofrezcan servicios a la largo de todo el año.

2. Cada vez más usuarios se desplazan en vehículos privados buscando playas con poca afluencia de público. Muchas de estas playas, no obstante, se ubican en espacios naturales protegidos, por lo que debe conjugarse el uso público con el mantenimiento de sus condiciones naturales.

3. Son numerosas las comunidades autónomas que,  a través de los departamentos dedicados a la actividad turística establecen líneas de subvenciones para los equipamientos de playa. No obstante estas líneas de subvenciones son, en numerosas ocasiones, contrarias a los usos establecidos en la Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas para el Dominio Público Marítimo Terrestre.

4.Los servicios de playa suelen ser adjudicados por los ayuntamientos mediante concesiones a empresarios privados, pero con aprobaciones anuales es difícil adjudicar los mismos por un período más largo y por tanto es complicado que los empresarios puedan hacer una inversión rentable en esos equipamientos.

5. Pese a todo, cada vez es más habitual ver playas en las que los servicios que se prestan acaban ocupando gran parte de la franja de arena: chiringuitos, quioscos, zonas de juegos infantiles, alquiler de hamacas, alquiler de sombrillas, hidropedales.. a los que se unen otros como los cines o zonas destinadas a competiciones deportivas o conciertos. Y frente a ello vemos como determinados ayuntamientos del levante español multan a los ciudadanos que "plantas" su sombrilla a primera hora del día para asegurarse un buen lugar a medio día.

Por todo ello, los Planes de Playa deben convertirse en un elemento esencial en la ordenación de los usos en la playa, dando una respuesta adecuada a cada una de las situaciones posibles. En este sentido, es de destacar una iniciativa tomada en la Demarcación de Costas de Andalucía Occidental (Cádiz), en la que se ha trabajado en dar una respuesta adecuada a todas estas circustancias.

Así, tras un trabajo desarrollado de forma conjunta con todos los ayuntamientos litorales de la provincia de Cádiz, las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Turismo y de Medio Ambiente, y aprobado por el Foro Provincial de Playas, con presencia de los propios empresarios con intereses en las playas, se han modelizado las playas y dado una respuesta adecuada a cada una de ellas.

Se plantea así la aprobación de planes plurianuales, solventando los problemas de los ayuntamientos a la hora de proceder a los concursos e incluso abriendo la posibilidad de extender la apertura de parte de los servicios de playa durante gran parte del año, eso sí, manteniendo siempre las actuaciones dentro de los límites marcados en la legislación en cuanto a metros de superficie y distancias entre instalaciones.

Esperemos que este tipo de iniciativas se extienda por otras zonas del litoral peninsular al objeto de mejorar nuestras playas, tanto para los usuarios, como para los empresarios y el propio medio ambiente.

Disputa por las aguas de Gibraltar: 300 años después del Tratado de Utrech

Hay quien dice que la historia sólo es historia. Pero si nos acercamos a cualquier historiador nos dirá que esto no es así y los hechos sin lugar a dudas les dan la razón. Y es que estamos asistiendo últimamente a muchas disputas con la historia de fondo: las que enfrentan a Odyssey con el estado español es una de ellas, con la incorporación del gobierno peruano que reclama el botín con motivo de su origen.

Pero hay otra disputa ya histórica, la derivada de la colonia británica de Gibraltar, con origen en el Tratado de Utrech, aquel que puso fin a la guerra de sucesión española, allá por 1700. Y es que aquél tratado permitó a Gran Bretaña hacerse con el control de un punto estratégico, el peñón de Gibraltar, pero no así con las aguas que le rodeaban.

Sin embargo, a lo largo de los siglos la colonia británica ha ido ampliando su zona de control por la vía de los hechos consumados: primero fue la franja de nadie ubicada en la frontera (ubicada en zona española de acuerdo al tratado) y que sirvió para establecer el aeropuerto de la colonia. La segunda expansión llega por mar.

Y es que aunque Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales la realidad es que mantiene el control de una franja marina en torno a la Roca, en la que las autoridades españolas han dejado de ejercer sus funciones jurisdiccionales. Pues bien, ahora se intenta dar forma legal a ese control por la vía del reconocimiento europeo.

Esto se ha llevado a cabo proponiendo el gobierno británico el establecimiento de un Lugar de Importancia Comunitaria, denominado Southern Waters of Gibraltar y que abarca 5.480 has., el cual se ha incluido en la lista de , de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE del Consejo Europeo.

Y es que las intenciones británicas parecen claras, máxime cuando el interés por estos espacios parece haberse reducido en los últimos años al establecimiento de un fondeadero en el que las actividades de bunkering son habituales, lo que ha provocado diversos accidentes con graves incidencias medioambientales, el último el hundimiento del buque Fedra, hace apenas unos meses. y a ello hay que unir los proyectos para rellenar parte de las aguas que rodean el Peñón y de las que ya hemos hablado en otra entrada.

La respuesta del Gobierno español ha sido la propuesta de otro LIC de 23.800 has, que incluye la zona propuesta por el Reino Unido y denominado Estrecho oriental, el cual ha sido incorporado a la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la región biogeográfica mediterránea, actualizada en diciembre de 2008.

Por ello, se puede decir que esta polémica ha traido al menos una buena noticia: se protege parte del litoral del Estrecho y el gobierno español deberá actuar en el LIC Estrecho Oriental. Por parte británica, si realmente se quiere hacer efectiva la propuesta debería reconsiderarse la operación de relleno prevista para usos turísticos.

Parque Natural Bahía de Cádiz

En esto días en los que la ciudad de Cádiz disfruta de sus días grandes, con la celebración de los carnavales, el Parque Natural de la Bahía de Cádiz también asiste a su propio carnaval. Y es que la presencia de miles de aves invernantes en este espacio le dan una coloración especial.

Y es que el Parque Natural Bahía de Cádiz es, sin lugar a dudas un espacio muy peculiar, por cuanto conviviendo con más de 400.000 habitantes y atravesado por una línea férrea, varias autovías, rodeado de polígonos industriales y con un puerto de interés general, conviven más de 10.500 hectáreas de terrenos de antiguas marismas, muchas de ellas transformadas en salinas y aprovechadas para cultivos marinos.

Pero en esas 10.500 hectareas se concentran hasta 100.000 aves no paseriformes de más de 68 especies distintas, algunas tan emblemáticas como el flamenco, la espátula, el aguila pescadora o incluso la cigüeña negra y ello junto a especies en peligro, como el charrancito o el chorlitejo.  

Y es que el Parque Natural Bahía de Cádiz, el humedal salino más importante de España, se convierte en punto de descanso para numerosas especies migradoras en su paso hacia o desde África (especialmente para aves no planeadoras). Pero otro aspecto de este espacio natural protegido debe ser destacado: la fuerte interrelación entre las actividades humanas y el medio ambiente.

La importancia del antiguo estuario del río Guadalete se basa en la existencia de salinas labradas sobre las antiguas marismas. En ellas, gracias a que el sistema de producción lleva a una gradación en la profundidad de los esteros y riendas, existen gran variedad de especies de limícolas, destacando algunas antiguas salinas sin explotar en el término municipal de Puerto Real e incluso las grandes salinas industrales de La Tapa y Santa María, en la que existen muy importantes colonias de aves, desde el cormorán grande a numerosas especies de gaviotas.

Pero este espacio natural es mucho más que aves: además del camaleón existen numerosas especies de ictiofauna, siendo lugar fundamental para la reproducción de numerosas especies de peces, que posteriormente poblarán el Golfo de Cádiz. Como consecuencia de ello, se ha desarrollado una interesante actividad acuícola.

A todo esto este Parque Natural añade un importante patrimonio histórico: casas salineras, molinos de marea (entre ellos el molino del Río Arillo, uno de los más grandes de la península Ibérica o el de S. José datado en el S. XVI), baluartes militares como la Batería de Urrutia, la de S. Genis, las defensas del puente Suazo o el Fuerte de S. Luis todos ellos parte esencial de la defensa de la isla de León durante el asedio napoleónico y por tanto parte activa en el proceso que dió lugar a la proclamación de la Constitución de Cádiz de 1812, origen de la emancipación americacana. Junto a ellos destaca la Isla del Trocadero (zona de reserva del Parque Natural), donde se ven los restos de antiguos diques de carena y la Isla de Sancti Petri, lugar sagrado desde época romana.

Así pues, este espacio, verdadero paraiso para los ornitólogos, es un claro ejemplo de que medio ambiente y actividad económica no tienen porque estar enfrentados. Así es éste un buen escenario para hacer gestión integrada: 400.000 habitantes, un espacio protegido, casi la totalidad del terreno es Dominio Público Marítimo Terrestre e importante actividad económica en lso límites del Parque Natural.

Y pese a todo, la importancia de este espacio se reconoce desde todas las instancias: Parque Natural desde 1989, con la presencia de dos Parajes Naturales: la isla del Trocadero y las marismas de Sancti Petri, el Monumento natural de la Punta del Boquerón, Lugar de Importancia Comunitaria y Humedal de Importancia Internacional en función del convenio Ramsar.

Estados Unidos impedirá la pesca industrial en el Ártico

Oceana nos trae una buena noticia: El Consejo de Gestión Pesquera del Pacífico Norte (NPFMC), organismo dependiente de Estados Unidos, ha decidido impedir la expansión de la pesca industrial en todas las aguas de Estados Unidos al norte del estrecho de Bering. Este paso, que representa una de las mayores medidas preventivas en la historia de la gestión pesquera, aliviará la presión ejercida sobre los ecosistemas oceánicos por el cambio climático. El área protegida es de casi 200.000 millas cuadradas, unos 518.000 km2, una superficie similar a la de España.

“Esta decisión marca el comienzo de una nueva era para el Ártico. Hasta ahora nos hemos dedicado a agotar primero los recursos de una zona para tratar luego de recuperarla. Ahora, estamos primero pensando en las consecuencias de nuestras acciones antes de llevarlas a cabo”, comenta Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa. “La decisión del Consejo libera al Ártico de una tensión crítica, ya que una actividad industrial pesquera en esta zona podría tener un efecto catastrófico en el resto de los ecosistemas. Por ello, exigimos a las industrias de transporte y perforación que sigan el ejemplo del Consejo".

El cambio climático provoca que el Ártico se caliente el doble de deprisa que el resto del planeta, lo que conduce a una drástica reducción del hielo marino y a otros cambios potencialmente catastróficos para sus ecosistemas. La pérdida del hielo marino no sólo amenaza al Ártico, sino al resto del planeta, ya que el Ártico desempeña un papel crítico en los patrones climáticos de todo el globo.

Además, el derretimiento del hielo marino abre las aguas que antes estaban cubiertas por hielo a nuevas actividades industriales. Los científicos, los conservacionistas y las comunidades locales del Ártico han expresado su preocupación porque temen que las alteraciones añadidas por actividades industriales como la pesca comercial de gran envergadura, los puertos comerciales o las plataformas de gas o petróleo puedan devastar los ecosistemas de la zona.

“El Ártico es el reflejo de lo que sucede en el planeta. Debemos darnos cuenta de que, en realidad, todos nos encontramos encima de una fina placa de hielo”, señala Jim Ayers, Vicepresidente de Oceana en el Pacífico y Alaska. “El océano Ártico es un entorno singular y resulta vital para los habitantes de la zona y para la salud de la Tierra. El NPFMC está mostrando el camino hacia un enfoque preventivo con base científica y esta acción —la más importante de este tipo— es un modelo de gestión”.

La medida del Consejo no afecta, sin embargo, a la pesca artesanal tradicional desarrollada por las comunidades indígenas de la zona, que continuará siendo permitida. El Ártico es el hogar de poblaciones nativas que han vivido en armonía con su entorno desde tiempos inmemoriales, y también alberga más de una docena de especies de aves y mamíferos marinos y cientos de peces diferentes. Muchos de estos animales, incluyendo los osos polares, la ballena de Groenlandia y el éider de anteojos, aparecen en las listas de especies amenazadas o en peligro, debido, en parte, a los retos sin precedentes a los que se enfrenta el entorno ártico, que se encuentra en proceso de rápidos cambios.

El derretimiento del hielo marino y la huida hacia el norte de las poblaciones de peces aumenta la probabilidad de que la pesca comercial se expanda al Ártico. Una vez implementada, la decisión del Consejo evitará dicha expansión a menos que la ciencia demuestre que la pesca comercial no amenazará la salud de los ecosistemas del Ártico ni las oportunidades para el modo de subsistencia de las comunidades locales. Se espera que el Servicio Nacional de Pesca Marina estadounidense apruebe la decisión del Consejo y promulgue leyes definitivas para proteger el Ártico este mismo año tras un período de consulta al público, lo que enviará una clara señal a otros países con territorio ártico y organismos de gestión pesquera de todo el mundo

España denunciada ante la UE

Los acuerdos alcanzados por el Gobierno de España con las industrias de cloro-álcali han motivado una denuncia ante la Comisión Europea por parte de Oceana, y una pregunta a la misma institución por parte del eurodiputado del Grupo Los Verdes, David Hammerstein.

En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente, junto con los gobiernos de Aragón, Galicia, Cantabria, Cataluña y Andalucía, acordó permitir la utilización de celdas de mercurio hasta 2020 para las empresas afincadas en su territorio, pese a que la Directiva Europea 96/61/CE exigía la eliminación de esta obsoleta y contaminante tecnología antes del 30 de octubre de 2007.

Las fábricas de cloro-álcali, que consumen un 30% del mercurio utilizado por la industria, son, junto con las plantas de energía que utilizan carbón y las incineradoras de basura, la principal fuente de contaminación de los océanos por este metal pesado.

Los altos niveles de contaminación que se están encontrando en diversas especies marinas han llevado a diferentes gobiernos a realizar avisos sanitarios en los que se alerta del peligro del consumo de peces con elevados índices de mercurio, como es el caso del pez espada o los tiburones.

La utilización de celdas de mercurio para la producción de cloro es un método anticuado y muy contaminante que tiene alternativas en el mercado. De hecho, la mayoría de las industrias ya han abandonado esta tecnología por sistemas menos contaminantes, como la de membranas.

La legislación de la Unión Europea obligaba a todos los países miembros a la eliminación de contaminantes en las fábricas de cloro-álcali, promoviendo la utilización de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), indicando específicamente que el uso del mercurio no podría ser incluido bajo esta denominación. Además, el Convenio de OSPAR, para la conservación del Atlántico Nordeste –del que España es parte contratante-, también ha acordado la eliminación de esta práctica.

A pesar de ello, y vulnerando la Directiva europea, el Gobierno español y distintos gobiernos autonómicos alcanzaron acuerdos voluntarios con la industria química para prolongar el periodo de eliminación de esta tecnología.

Hoy en día, todavía son 8 las empresas de cloro-álcali que han suscrito estos acuerdos para seguir utilizando células de mercurio en España, siendo en Cataluña y Aragón donde se concentran la mayoría (con 3 y 2 instalaciones respectivamente). El resto de comunidades, Galicia, Cantabria y Andalucía, tienen una fábrica de estas características cada una.

“Cada año que pasa sin eliminarse el mercurio de la producción química son decenas de toneladas más de mercurio las que acaban en el medio ambiente. Allí permanece este peligroso metal pesado durante décadas, contaminando nuestros recursos marinos, envenenando a las personas y debilitando los ecosistemas”, ha declarado Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa.

Oceana también ha recibido con satisfacción que el eurodiputado David Hammerstein se haya hecho eco de esta flagrante vulneración de la legislación europea y haya llevado el caso hasta la Comisión Europea.

Odyssey y HMS Victory

He querido dejar pasar varios días antes de escribir sobre este tema, que por recurrente no deja de levantar debate. Otra vez los cazatesoros de Odyssey Marine Exploration han sacado a la luz un nuevo barco, y esta vez es uno de los barcos más míticos que podemos encontrar: el HMS Victory, el barco desde el que Nelson dirigió las operaciones inglesas en una de las batallas navales más destacadas de la historia: la batalla de Trafalgar.

La historia podría ser similar a la de otros navíos localizados por Odyssey: un barco cargado de oro, donde el énfasis se pone en la extracción de la carga más que en estudios científicos; y una vez más Odyssey se "ofrece" a colaborar con la administración pública, ofreciéndole un catálogo de los elementos encontrados en el hallazgo (por supuesto los elementos de mayor valor económico se los queda la compañía).

Pero esta vez hay varios elementos distintos:

1. El hallazgo se produce en aguas del canal de la Mancha y se trata de un barco inglés, por lo que la respuesta social parece más fuerte. Y es que, queramos o no, parece más fácil este tipo de operaciones en aguas españolas o americanas que en aguas inglesas.

2. Se produce al poco de entrar en vigor el Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático (y curiosamente no firmada por el Reino Unido).

3. El hallazgo se produce apenas unos días despues de que la comunidad científica norteamericana, a revista «Archaeology», el órgano del Archaeological Institute of America, criticase abiertamente la forma de actuar de esta empresa, dudando abiertamente de su metodología y fines.

Por todo ello, el descubrimiento del Victory puede suponer un antes y un después para las empresas cazatesoros, De hecho ha sido el propio Director General de la UNESCO quien ha dicho al respecto  «Confío en que todas las partes interesadas sabrán encontrar los medios adecuados para que el pecio de este navío, testimonio de importancia capital para la historia naval británica, sea preservado y valorizado como corresponde, sin que sea objeto de explotación comercial alguna, de conformidad con los principios que presiden la convención adoptada por la Unesco en 2001».

Y es que las últimas actuaciones de Odyssey deben dar lugar a respuestas contundentes, como la emprendida por el Gobierno de España, que por medio del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medio Ambiente comenzará en el verano de 2009 las tareas para localizar al "Santo Cristo de Maracaibo, hundido en 1702 frente a las costas gallegas con un cargamento de 900 toneladas de oro, para continuar por aguas de la Bahía de Cádiz.

Pero las actuaciones no deberían quedar aquí: la comunidad científica internacional debe seguir tomando partido para desenmascarar las formas de operar de este tipo de compañías y empresas y del mismo modo, sería deseable una actuación firme de los órganos judiciales, especialmente norteamericanas, para evitar que sigan operando con plena impunidad.

Más muertes en el mar

Otra vez el mar es testigo del infortunio de un grupo de inmigrantes: 25 personas han fallecido tratando de alcanzar las costas canarias en un cayuco que partió de las costas africanas. De ellos 14 son menores de edad, ya que en la embarcación viajaban menores de entre 1 y 15 años de edad. Eso mientras otro cayuco, esta vez con más fortuna, ha sido localizado al sur de la isla de Tenerife con 56 personas a bordo.

Y es que hace menos de una semana desde el Gobierno canario se advertía que si bien el número de embarcaciones llegadas a las islas había disminuido durante 2009, el número de menores se había multiplicado.

Estas catástrofes nos recuerdan que el mar, cualquier mar, es siempre peligroso, máxime cuando se viaja en una embarcación concebida para pescar en aguas de bajura y más si van sobreocupadas.

Pero este tipo de hechos nos traen al primer plano el negocio de las mafias que comercian con personas, sin importarles el riesgo que estas pueden correr, con tal de sacar pingües beneficios de las ilusiones de la gente que busca un mundo mejor o que simplemente huyen de las situaciones de guerra, hambre e injusticia social de sus países.

Y es que el mar ha sido testigo de numerosas tragedias a lo largo de los siglos, pero estas no son tragedias cualquiera: son el fruto de la avaricia de los mafiosos y son consecuencia de la falta de actuación de los gobiernos: ¿tanto cuesta controlar la salida de embarcaciones?. Lo malo es que son estas muertes sin ningún tipo de sentido: mientras seguimos hablando del hundimiento de embarcaciones como el Titanic, mientras seguimos buscando embarcaciones hundidas en busca de sus tesoros, cientos de personas mueren sin ocupar más que unos pocos titulares en la prensa, para pasar a simmplemente engrosar estadísticas.

Es cierto que los que vivimos en las costas nos vemos periódicamente sacudidos por la muerte de gentes de la mar, pero ello no nos debe hacer caer en la indiferencia. Hemos de poner las medidas necesarias para que este tipo de asesinatos (pues no tiene otro nombre el enviar a mujeres, niños y hombres a un viaje con un alto porcentaje de posibilidades de acabar en tragedia) no se repitan.

Hemos visto como en la costa del Estrecho el SIVE ha ayudado a evitar numerosas muertes, pero hay que hacer más, empezando por presionar a los países origen de estos "viajes de la muerte" para que luchen contra las mafias; haciendo de este problema un problema global, de toda la Unión Europea y no un problema reducido a la disponibilidad de centros de acogida para menores. Los servicios de salvamento marítimo, Guardia Civil y Armada española, y Cruz Roja y otras entidades en tierra, están haciendo un trabajo digno de elogio pero vemos como muchos mueren en el último intento por alcanzar tierra. Por ello hay que intentar detectarlos lo más pronto posible, para así evitar sus muertes.

Y sobre todo, no podemos permanecer impasibles: ya tenemos sufientes guerras olvidadas, como para encima tener muertos olvidados. Por eso no puedo más que gritar ¡¡no más asesinatos!!

Declaración Biotopo Protegido litoral Deba - Zumaia

El pasado 10 de febrero el gobierno vasco aprobó la Declaración como Biotopo Protegido el tramo litoral Deba - Zumaia, previa elaboración de su Plan de Ordenación del territorio.

La franja costera situada en el sector occidental del litoral guipuzcoano entre Haitzandi (extremo Este de la ensenada del río Deba, en Deba) y Haitzabal (en la orilla izquierda de la desembocadura del Urola, en Zumaia) comprende un tramo de acantilados de unos 8 Km de longitud con extensas plataformas de abrasión en su base. Este sector incluye elementos de valor geológico, paisajístico y naturalístico muy destacados en el conjunto de los ecosistemas litorales del País Vasco.

Destaca la geomorfología de este ámbito litoral, de gran singularidad a nivel internacional, así como la escasa alteración antropogénica que presenta la zona, debido sobre todo a su aislamiento y difícil acceso. El interés geológico es extraordinario debido a la extensión de la rasa mareal fruto de la erosión diferencial de los materiales del flysch y la presencia de una franja claramente marcada de transición entre el Cretácico y el Terciario. Existen así mismo otras transiciones muy marcadas entre otros periodos geológicos, tales como el Paleoceno-Eoceno o el Cretácico-Superior e Inferior. Estos límites poseen una enorme relevancia científica porque coinciden con importantes crisis biológicas o con cambios ambientales en la historia del Planeta. Desde el punto de vista paisajístico, la fisiografía costera ofrece en este ámbito interesantes muestras de erosión, con valles colgados, acantilados en retroceso y, especialmente, una extensa rasa mareal. El interés naturalístico radica en la enorme diversidad de ambientes creados por la erosión y que posibilita una elevada diferenciación de nichos ecológicos y una gran diversidad vegetal y animal en la zona intermareal de la rasa.

Por tanto, este tramo reúne los requisitos exigidos por la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la naturaleza del País Vasco, para su declaración como Biotopo Protegido, ya que se trata de un espacio con formaciones de notoria singularidad, rareza, espectacular belleza y destacado interés científico a nivel internacional.