El Comité Consultivo sobre Pesca de la UE -que representa a armadores y trabajadores del sector- ha criticado el fracaso de la política actual de la Unión Europea (UE), en referencia al objetivo de gestionar bien la capacidad de la flota y ha aludido también al "estancamiento" de la acuicultura.
Dicho comité -que agrupa a asociaciones de armadores, empresas acuícolas, comerciantes y trabajadores- ha pedido a Bruselas que ofrezca alternativas para dirigir mejor la pesca, dentro de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC) en la que ya está trabajando la CE.
"En su forma actual, la política de la flota fracasa y provoca dificultades tanto en materia de seguridad de los marinos -problema del arqueo- como en el consumo de energía -por el precio del carburante", según la posición del Comité, de cara a la revisión de la PPC.
El sector incide en las limitaciones de las dimensiones de los buques o la obligación para los navíos nuevos de mantenerse dentro de su "partida limitada" a la que tiene derecho el armador y ha dicho que estas restricciones pueden tener efectos "nefastos", según el documento.
El Comité ha recomendado formas alternativas para medir la capacidad de los barcos y ha pedido estudios comparativos de la situación de las flotas en los países.
Respecto al sistema de cuotas, los representantes del segmento pesquero estiman que si el régimen actual tuviera que mantenerse habría que "privilegiar un carácter plurianual" para las cuotas.
Las organizaciones pesqueras han reclamado evaluaciones del impacto socioeconómico y medioambiental de todas las medidas comunitarias en materia de pesca, como los cupos.
En el caso de la acuicultura, el sector cree que "se ha estancado, lo que pone en entredicho su viabilidad, mientras que en el resto del mundo sigue siendo el sector de producción de alimentos que más está creciendo".
Por eso el comité ha pedido un "marco eficaz" para el desarrollo de la piscicultura que favorezca una industria sostenible y competitiva.
El sector también ha solicitado incentivos económicos para establecer "eco-etiquetados" que diferencien los productos de la pesca y de la acuicultura (europeos o importados) y ha reclamado que los requisitos para las importaciones sean los mismos que los exigidos a los productos pesqueros comunitarios.
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