Protección de la costa

Después de un tiempo sin escribir en el blog, ni aportar noticia alguna, parece que entra una "flojera" que hace que cada vez cueste más trabajo hacerlo. Máxime cuando se juntan algunas circunstancias personales que hacen que la atención se fije más en otros asuntos.

En estos casos la salida de la atonía sólo puede llegar por algo que llame mucho la atención, que sirva de aldabonazo. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido estos días en los que tras los cambios provocados por las elecciones del 22 de mayo, la maquinaria administrativa parece ponerse de nuevo en marcha.

En este contexto han surgido dos noticias relacionadas con las costas gaditanas que me han obligado a volver a sentarme ante el ordenador: los bandazos de las administración en los casos de las fincas Mangueta (Vejer de la Frontera) y Guadalquitón (San Roque).

En ambos casos la planificación urbanística proponía su urbanización, en ambos casos parecía que dichos espacios se salvaban de la urbanización y en ambos finalmente parece meterse una solución con calzador para dar salida a los intereses urbanísticos (y eso que con la crisis del ladrillo parecía que nuestras costas conseguían una tregua), generada desde la administración autonómica.

Sin duda la primera imagen que se viene a la cabeza es la de improvisación y falta de coordinación entre las consejerías de Medio Ambiente y la de Ordenación del Territorio. Pero analizado con detalle me surgen muchas más dudas y más preocupantes.

No cabe duda que Ordenación del territorio conoce los argumentos e informes de Medio Ambiente en los que se posiciona contra estas actuaciones, en unos casos porque se hizo una declaración de impacto ambiental desfavorable a un Plan Parcial, que debe ser publicada en el Boletín de la provincia y remitida a la Comisión Provincial de Ordenación del territorio y en el segundo porque el Plan de Ordenación del Territorio de la comarca de la Janda lo lleva a cabo la propia Consejería.

Por tanto si no hay desconocimiento más bien puede parecer que hay una superposición de ciertos intereses que priman sobre los medioambientales. Y con todo esto no puedo más que recordar lo que dice el art. 46 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: son suelos no urbanizables de especial protección los necesarios para la protección del litoral.

Lo malo, siempre lo he dicho, es que no se especifica quien define estos suelos. Lo que está claro es que estamos hablando de los únicos grandes espacios libres que quedan en el litoral de Cádiz, si exceptuamos los incluidos dentro de los espacios naturales protegidos o afectos a la defensa nacional, creo que por tanto son motivos más que justificados para su protección máxime cuando hablamos del último alcornocal costero que nos queda (Guadalquitón) o de un espacio con acebuches a pié de costas (Mangueta).

Así pues sólo queda pensar que los intereses particulares se imponen sobre los públicos. En este caso parece que no importa el color de la administración correspondiente y es que la mano de las grandes empresas de este país es muy, muy larga.