Vista gorda

En estas navidades estamos asistiendo a una rocambolesca historia en el municipio gaditano de Benaocaz: la disputa entre dos administraciones en torno al derribo de un hotel construido al margen de la legalidad.

En efecto hemos asistido a un espectáculo, en mi oponión, deleznable cuando un alcalde se pone al frente de un movimiento popular para impedir que la Consejería de Medio Ambiente proceda al derribo de una construcción construida de forma ilegal en medio de un Parque Natural, como es el caso de Grazalema.

Quien me lea pensará que esto no tiene relación con las costas. Pues bien, este hecho a mi me hace reflexionar sobre la actuación de los ayuntamientos costeros a la hora de evitar la degradación de nuestro litoral. Y es que cualquiera que en los últimos (y no tan últimos) años haya visitado los municipios costeros habrá podido observar como han surgido miles de viviendas ilegales sin que los ayuntamientos hayan hecho nada al respecto, y ello con independencia del color político de los regidores. Como se dice que para ejemplo un botón ahí van varios: Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Chiclana, Conil, Barbate o Vejer y otros muchos en toda la geografía peninsular.

Pero la gran pregunta es, ¿cómo es posible que los ayuntamientos no se hayan enterado de la situación?. Y es que esto es algo que es inverosimil, si sólo hace falta pasarse un día cualquiera para ver las actuaciones sólo me caben dos posibilidades: o bien no se envía a nadie para inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la normativa urbanística o, si se enviaban, se miraba para otro lado.

Cualquiera de estas dos hipótesis (que lamentablemente creo que tienen bastante de realidad) es de una gravedad extrema. Pero viendo la importancia y organización de los movimientos vecinales de zonas como Aguadulce, La Almadraba o Zahora es fácil comprender la presión que estas asociaciones de propietarios ilegales ejerce sobre los ayuntamientos, una presión que tiene su traducción en votos. Aquí está el quid de la cuestión ¿quién se atreve a poner el cascabel al gato cuando sabe que esos votos le pueden costar la alcaldía?.

Yo creo que estas situaciones exigen un auténtico pacto social. Un pacto para sacar las actuaciones ilegales del debate político. No se pude utilizar el cumplimiento de la legalidad como arma arrojadiza en la "batalla" política municipal, esto es algo que es básico para cualquier institución. De lo contrario podemos dar nuestro litoral por perdido tanto para nosotros como para nuestros hijos. Queda el consuelo de que estamos a casi tres años vista de las próximas municipales, tiempo suficiente para poner las bases para evitar que este fenómeno siga creciendo y tiempo suficiente para comenzar a corregir el problema.