Gestión de Playas

En días pasados les informaba de la realización de una nueva Jornada del Aula de Gestión Costera creada por medio del Convenio firmado entre la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico y la Universidad de Cádiz, en la que se iba a hablar sobre la gestión de las playas.

Hoy os doy conocimiento del resumen de la Jornada aportado desde el Aula de Gestión Costera:

El Dr. Víctor Yepes Piqueras, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y experto gestión de playas, impartió una conferencia magistral centrada en las nuevas perspectivas de la gestión de playas urbanas y las normas de calidad aplicables a las mismas. El Doctor destacó el ejemplo de Cádiz, haciendo referencia al hecho de que en la provincia se han podido administrar las playas con instrumentos voluntarios, no siendo necesaria una mayor legislación. De hecho, concreta que ésta es la vía para mejorar la gestión de las playas, es decir, una voluntad de entendimiento y coordinación interadministrativa, en lugar de incrementar del extenso abanico normativo existente.

Comenzó su conferencia magistral aclarando que se iba a referir en su exposición siempre a playas urbanas, ya que considera que “las naturales hay que protegerlas todas”.

Define el turismo como una actividad oportunista de rápido crecimiento creadora de empleo y riqueza, pero señala que en España este crecimiento ha tenido lugar de manera muy desordenada y fundamentalmente se ha desarrollado en la estrecha franja litoral, lo que ha provocado enormes presiones en las zonas costeras.

En este sentido, el profesor advierte que el turismo de sol y playa es un producto que se puede ofrecer en todo el mundo, se copia el modelo, por lo que la manera de competir suele ser bajar los precios. Por ello, indica, un turismo de sol y playa sólo puede sobrevivir si es distinto, en referencia clara a términos de calidad y respeto al medio ambiente, para lo que son necesarias mayores inversiones en este sentido.

Para ello, el doctor Víctor Yepes señala que si somos capaces de cuantificar el valor económico del metro cuadrado de playa, podríamos justificar que se destine a este espacio los recursos públicos que precisa. Nos informa que este aspecto ya fue estudiado por los norteamericanos, que calcularon la tasa de retorno de las inversiones que se realizan en las playas, concluyendo que ésta es la inversión más rentable. Según dichos estudios, en las playas por cada euro que se invierte se recupera una media de 700 euros, una productividad que en casos como el de Benidorm, se dispara a los 12.000 euros por metros cuadrado.

Continúa argumentando que las playas (que constituyen aproximadamente el 0,001% de la superficie nacional) nos aportan más del 10% de la renta española. Es decir, el territorio más pequeño proporciona el mayor beneficio, rentabilidad que justifica cualquier inversión pública en este ámbito.

Por otro lado, el profesor enfatizó que hasta hace muy poco, en las playas no existía un responsable claro de su gestión. No había técnicos contratados para ello, lo que existía era una amplia subcontratación. La Ley delegó responsabilidades muy importantes a los ayuntamientos,como salvamento y limpieza. Sin embargo, no había presupuestos anuales para inversión en playas, ni tampoco para mantenimiento. No obstante, para a la hora de gestionar estos espacios, al igual que en el resto del litoral, hay que afrontar problemas complejos. Alcanzar un modelo de gestión más integrado pasa por llevar a cabo soluciones participadas, en las que se involucre a todos los implicados, y buscar nuevas estructuras de organización de gestión local.

La implementación de certificados de calidad y de gestión de playas en la Comunidad Valenciana supuso un punto de inflexión en la inclusión de sistemas de gestión de playas en Ayuntamientos. La administración regional condicionaba los incentivos y las subvenciones a la obtención de estos certificados, para lo que, por ejemplo, se debía disponer de un órgano específico, así como un plan de gestión de playas. Pese al carácter voluntario de estos instrumentos ya han sido extendidos a muchas otras regiones gracias al reconocimiento internacional, al importante apoyo institucional que tiene en España o al componente político que supone disponer de las ventajas competitivas que implican estos certificados.

España ha impulsado la evolución de estos sistemas de gestión hasta el punto de que se está trabajando para la normalización internacional de una nueva norma de gestión de playas urbanas mucho más exigente que las actuales (y que ya ha sido normalizado por AENOR en nuestro país), que podría adoptarse en el plazo aproximado de un año. Por primera vez se obligará a que exista un plan de explotación y ordenación de la playa y a contar con un Plan de emergencia. También habrá mecanismos de control y Planes de Seguridad donde se evaluarán los tiempos de respuesta, para lo que se realizarán simulacros. Otro punto importante de esta nueva norma es que, con carácter obligatorio, las playas deberán disponer de puntos accesibles para personas con discapacidad. Esto no sólo consistirá en una rampa, sino que además estos lugares accesibles deberán contar con personal dedicado a darles un servicio de calidad.

MESA REDONDA.

Intervienen: Víctor Yepes Piqueras (Universidad Politécnica de Valencia), Antonio Galván (Asociación Gaditana de Empresarios de Playas, AGEPLA), José Luis Reyes (Demarcación de Costas Andalucía Atlántico en Cádiz) y Antonio Alcedo (Ayuntamiento de Rota).

Antonio Galván comenzó indicando que los chiringuitos llevan en la playa más de 100 años. Destacó que en 2009 hay un gran retraso en la aprobación de los Planes de Playas municipales por parte de la Demarcación de Costas, lo que conllevó que esta Semana Santa no pudieran abrir los chiringuitos y supuso importantes pérdidas, pues hizo buen tiempo y la afluencia a las playas fue alta. Concluye preguntando por qué los planes de playas tienen que aprobarse en junio y no en abril.

José Luis Reyes comenzó reflexionando sobre qué es lo que no se ha hecho bien para que 20 años después de la aprobación de la Ley de Costas sigamos con los mismos problemas. Indicó algunos retos para la gestión de las playas gaditanas:

- Se confunde la ordenación de usos y actividades en la lámina de arena con la gestión de playas, y este es un enfoque simplista y parcial.

- Está de acuerdo con Antonio Galván en incorporar la variable temporal y pasar de gestionar solo 3 o 4 meses al año para considerar los 12 meses.

- Se debe reflexionar sobre cuál es el modelo ideal de playa que buscamos. Hoy por hoy el agente que tiene más claro la visión de la gestión de playas es la administración turística, y al tenerlo más claro es el modelo que se impone. Los demás, mientras tanto, seguimos sin definirnos.

- Por otro lado, existe conflicto entre la visión de la playa como un bien público y como un recurso económico a explotar, lo que añade complejidad a su gestión.

- El modelo de socializar los costes ambientales de las actividades en playas, pero privatizar sus beneficios es difícilmente conjugable con la visión de bien público de la Ley de Costas.

- Existe demasiada normativa, y ésta hace referencia a aspectos demasiado técnicos que no hace falta que vengan reflejados en un Real Decreto. “A mí lo que me gustaría es que la Ley me diese el recurso, el espacio, para poder coordinarnos y cooperar”, aclara José Luis. “Ahora parece que solo hay dos maneras de gestionar: hacer lo que dice la ley o lo que pide el mercado, pero no creo que sean las únicas opciones. Hace falta gobernanza, y hace falta ahora”.

- Por todo ello, se ha creado un Consejo Provincial de Playas, como órgano voluntario no reglado. También se puso en marcha el Comité Técnico de Playas para discutir cómo se deben hacer las cosas y facilitar acuerdos al menos en lo básico. Se intenta así que la gestión venga también de abajo a arriba, no tiene porque estar siempre impuesta por las instituciones.

- A su vez, la Comisión Técnica ha realizado algunas propuestas que se han llevado a cabo. Se planteó la necesidad de un Plan Plurianual de Playas donde quedase reflejada una visión más global del recurso playa incorporando la variable temporal. También se creó el Foro Costero, como órgano de participación.

Durante el debate, José Luis aclaró también a los empresarios de playas que aún no se habían recibido todos los Planes de playas por parte de los Ayuntamientos, pero que se esperan recibir y aprobar pronto. Asimismo, indicó que son los propios Ayuntamientos los que no prevén los chiringuitos en la Semana Santa, puesto que no los contemplan para esta fecha en sus planes de playas, es más, muchos tan sólo los contemplan para la época de temporada alta, principalmente agosto.

Por su parte, D. Antonio Alcedo quiso compartir con los asistentes la experiencia de este municipio en la gestión de sus playas, abordando con ejemplos y conclusiones los principales temas clave que, desde su punto de vista, deben priorizarse en la gestión de estos espacios. Entre ellos, destacó que en su municipio cada técnico de playas debe recibir dos semanas de formación, lo que, asegura, ha demostrado ser de gran importancia para el desempeño de su labor. 

Juan Clavero, de Ecologistas en Acción, intervino en el debate señalando que la Bandera Azul, tan famosa e importante de obtener para los ayuntamientos, no mide la calidad ambiental, sino la de los servicios, motivo por el cual playas naturales, de gran calidad y extraordinario valor no reciben este distintivo. Advierte que muchas personas confunden esto.

Por otro lado, indicó que no se debería monopolizar el debate con el tema de los chiringuitos, ya que éstos son un asunto “absolutamente secundario” en la gestión de playas, que tienen otros gravísimos problemas como por ejemplo el apantallamiento de urbanizaciones que se ubican justo en el límite de las mismas, y que, en muchos casos, vulneran la Ley de Costas.

Víctor Yepes se mostró de acuerdo con las observaciones de Juan Clavero sobre las banderas azules y, ante la pregunta de los asistentes sobre qué instrumentos existen para la certificación de la calidad de las playas no urbanas citó las ecoetiquetas.

Por último, Antonio Alcedo argumentó por qué se debería impedir el acceso en bicicleta a las playas, al suponer un peligro para los usuarios, y defendió la necesidad de aparcamientos cerca para garantizar su acceso público, por ejemplo, a las personas minusválidas; Juan Clavero mostró su disconformidad expresando que le parecía increíble que se potenciaran más aparcamientos en lugar de carriles bici o el tren como métodos de acceso a las playas. Afirmó que, al igual que las personas minusválidas no pueden acceder a montañas elevadas como el Everest, tampoco podemos pretender que puedan acceder a cualquier playa, más aún teniendo en cuenta que en algunas el acceso es difícil incluso a pie, y debe seguir siendo así para garantizar su carácter natural, lo que no es óbice para tratar de garantizar el acceso a estas personas a las principales playas, argumento que comparte.