Informe Auken y Bahía de Cádiz

Otra vez salta a la palestra el informe Auken. En esta ocasión son los acuicultores y salineros de la bahía de Cádiz los que apelan al mismo en su enfrentamiento contra la Demarcación de Costas, como consecuencia de los deslindes de los bienes de dominio público marítimo terrestre.

En este sentido, no cabe duda de que el informe es claro al respecto de la necesidad de proteger los bienes privados, pero tampoco debemos olvidar la incidencia que se hace en la necesidad de proteger el medio ambiente. Así no podemos olvidar el punto 22 del Informe en el que la Comisión:

"Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas"

No cabe duda que en la Bahía de Cádiz la Ley de Costas ha sido el elemento central al que se achacan casi todos los males. Con un importante enfrentamiento entre costas y los propietarios, la mayoría de los deslindes se encuentran recurridos, si bien los altos tribunales parecen estar dando la razón a la administración.

Y es que no podemos olvidar que la Ley 22/88, de 28 de julio de costas define cuales son los bienes de dominio público, incluyendo entre ellos a los terrenos de marismas, como es el caso.

Pero lo cierto es que son muchos los terrenos y salinas que se encuentran en estado de abandono, con sus estructuras abandonadas a la marea. Son muchas las explotaciones que vierten a los caños sin la correspondiente autorización de vertidos, las casas salineras abandonadas... dando lugar a importantes perjuicios al medio ambiente de la zona. 

Y no todo ello puede achacarse a la Ley de Costas. Pues gran parte de estas instalaciones son abandonadas por las dificultades de competir con la acuicultura en mar abierto, con una acuicultura extensiva que no ha sabido generar una marca propia de calidad, incapaces de obtener un certificado de pescado ecológico, ni tan siquiera la Marca Parque Natural de Andalucía.

No cabe duda de que la imposibilidad de hipotecar las propiedades es un perjuicio a los empresarios, pero curiosamente sigue produciéndose inversión, incluso extranjera, tanto en salinas como en acuicultura. Y es que una concesión de 30 + 30 da margen suficiente para poder obtener beneficios. Quizás hace falta una nueva generación de empresarios que abandone el enfrentamiento con la administración de costas y busque más la sinergias que pueden crearse entre los intereses ambientales y comerciales.

Vista la situación y los EREs presentados por la principal empresa acuícola de la zona, más bien parece que se está buscando un cabeza de turco para justificar las pérdidas de mercado de una zona que fue pionera en España en la cría de especies como la dorada.

¿Por que no se explotan tantas y tantas propiedades?. Debemos recordar que la Ley de Costas dice que la recuperación de las concesiones se hará pagando un justiprecio en función de los usos de la propiedad. Pero si esta se encuentra abandonada...