La verdad es que hoy pensaba escribir de otro tema. Y no, no era sobre el encuentro celebrado en Chipiona sobre la energía eólica, ni sobre los cormoranes y la acuicultura (tema pendiente y del que diremos algo). Pero una noticia, de esas que parecen pasar desapercibidas me ha hecho cambiar de idea.
Hace ya un tiempo, con motivo del secuestro del "Playa de Bakio" escribí mi opinión sobre lo que podía ocurrir tras el pago del rescate por parte del armador y sobre mis impresiones referentes a la vuelta al primer plano de la actualidad de las actividades piratas (que por otra parte nunca desaparecieron en algunos estrechos asiáticos).
Y como ya estaba todo dicho no quise opinar del secuestro del "Alakrana", como tampoco haré hoy por cuanto creo que casi todo está ya dicho y la polémica política es más propio de un blog político que de éste otro. Pero ello no puede ser óbice para que traiga aquí el caso del petrolero español, con bandera panameña "Virginia G".
Y es que si hemos visto reaparecer a los piratas, ahora parece que le toca el turno a los corsarios. Y digo esto porque el citado barco ha sido asaltado por militares gubernamentales del gobierno de Guinea Bissau, que se han apoderado de su carga de petróleo. s
Con todas las reservas que hay que hacer a estas últimas informaciones (máxime tras ver lo ocurrido con el Alakrana), no cabe duda que esto empieza a ser un "modus operandi" conocido. Y es que en un mundo globalizado no sólo corre el armamento o el dinero, también lo hacen las noticias y lamentablemente parece que los buques españoles se han convertido en el pastel más apetecible.
Así, de acuerdo a las informaciones publicadas en el periódico ABC:
" El petrolero, con 13 tripulantes a bordo, se encontraba fondeado frente al puerto de Bissau desde el pasado 21 de agosto, cuando fue detenido a punta de pistola por una patrullera, en el momento que abastecía de combustible a otros tres barcos pesqueros (dos canarios y uno de Huelva), bajo la acusación, realizada diez días después de su apresamiento, de «venta ilegal de combustible». Mientras que los tres pesqueros pagaron multas que oscilan entre los 100.000 y 50.000 euros cada uno, quedando posteriormente en libertad, Gámez se negó a abonar cantidad económica alguna, ya que asegura que tiene todas sus autorizaciones en regla y que no ha cometido ningún delito.
La negativa de Gámez a pagar lo que considera un «chantaje» del Gobierno de Guinea ha derivado en un proceso judicial, ya que un juez de Guinea ha frenado la intención del Gobierno de confiscar la carga al dictar una medida cautelar que lo impide, ya que, siempre según la versión del empresario, el juez ha encontrado "indicios de no culpabilidad, basado en la ilegalidad de la forma de apresar el barco, retención de la tripulación y la existencia de una documentación en regla".
Sin embargo, y a pesar de que el procedimiento se encontraba ya en manos de la justicia, ya que antes del 3 de diciembre el Gobierno de Guinea Bissau tiene que presentar alegaciones a la providencia del juez; en la tarde del sábado, un grupo de militares subieron al barco y lo trasladaron al muelle petrolero de Bissau con la intención de llevarse la carga y quedarse con el barco"
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