Prospecciones petrolíferas en el estrecho de Gibraltar

Pues parece que no es oro todo lo que reluce. Mientras en España se tramita la Ley de Economía Sostenible, el gobierno autoriza nuevas prospecciones petrolíferas en las costas de la comunidad Valenciana, con las consiguientes protestas de Oceana.

Y mientras esto ocurre, la costa de la provincia de Cádiz sigue en ebullición, aumentando la presión generada por los intereses de todas las partes. Así mientras se propone la conservación de los "cañones del Golfo de Cádiz" y grupos ecologistas proponen ampliar la zona marítima protegida de Doñana hasta Rota y a la par que la Sociedad Española de Ornitología propone una IBA en la zona marítima de Cádiz, la energía eólica ha sembrado la polémica, primero con el parque eólico de Trafalgar y posteriormente con el de Chipiona.

Pues bien a todo esto se une ahora un nuevo binomio igualmente conflictivo: las autorizaciones para llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas del estrecho de Gibraltar, donde se ubican dos de los tres Parques Naturales de carácter marítimo terrestre de Andalucía, el PN del Estrecho y el PN de la Breña y Marismas del Barbate.

No debemos olvidar que las prospecciones en busca de petróleo y gas en el Golfo de Cádiz no son nuevas. La novedad es que se desarrollen en el estrecho de Gibraltar, un lugar que ya tiene un importante riesgo derivado del ingente paso de embarcaciones por sus aproximadamente 14 kilómetros de ancho. Y un lugar  que, en tierra, soporta una de las mayores concentraciones de megawatios de producción eólica de España.

Por ello, no parece que este sea el lugar más adecuado para llevar a cabo las prospecciones, junto a la propuesta de LIC marítimo del estrecho, un LIC que ya ha generado polémica entre España y Reino Unido. Y es que no parece muy coherente proponer la protección de gran parte de la zona marítima del Estrecho y a la par llevar a cabo estudios para ver si hay reservas de gas y petróleo explotable.

Por ello no estaría de más que se respetasen al menos aquellos espacios de un alto valor ambiental, y que siguiendo el espíritu de la Ley de Biodiversidad, en la que se pide que cuando haya actuaciones que puedan incidir sobre los espacios protegidos (aún estando fuera de ellos) se estudien las incidencias de los mismos sobre el espacio protegido, se tenga en cuenta los riesgos que la explotación de reservas (en el caso de haberlas) puedan tener sobre la propuesta de LIC y la Reserva Intercontinental.