Son muchos los ejemplos de conflictos entre intereses ambientales y económicos, lo hemos visto en Galicia, en Chile o como ahora en Honduras, como nos trae hoy el periódico El Heraldo:
Luego de ignorar dictámenes técnicos y acomodar la legislación, las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) otorgaron licencias ambientales a camaroneras que venían operando ilegalmente, aniquilando humedales en áreas protegidas del Golfo de Fonseca.
Las autorizaciones se otorgaron entre el 29 de junio del 2009 y el 26 de enero del 2010. Las resoluciones y las licencias ambientales fueron firmadas por el entonces viceministro del Ambiente Norman Gilberto Ochoa Henríquez y por el secretario general Carlos Roberto Midence Rivera.
Documentación en poder de EL HERALDO revela también que la Procuraduría General de la República, ignorando un decreto legislativo, otorgó concesiones dentro de un área protegida. Igualmente se evidencia como los dictámenes técnicos de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), hoy Instituto de Conservación Forestal (ICF), en un momento tuvieron fuerza legal, pero luego quedaron totalmente descartados. Lo mismo sucedió con los dictámenes técnicos de la Dirección General de Pesca (Digepesca) y de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA), al ser ignorados por las autoridades, para entregar las licencias ambientales.
Uno de los casos se registra en el expediente 2007-A-281 correspondiente a la empresa Exportadora de Camarones del Sur (Excasur), constituida mediante instrumento público número dos, autorizado en la ciudad de Choluteca, el 7 de enero de 2000.
El 20 de enero de ese mismo año se publicó en La Gaceta el Decreto Legislativo 5-99-E que declara diez sitios del Golfo de Fonseca como Subsistema de Áreas Naturales Protegidas de la Zona Sur de Honduras.
El artículo 2 de este decreto establece que "los poseedores y propietarios que se encuentren dentro de los límites de las áreas naturales descritas seguirán conservando sus derechos y el uso actual de aprovechamiento, no obstante quedan obligados a someterse al plan de manejo que la autoridad competente apruebe".
El artículo 3 dice que las concesiones entregadas ante de la entrada en vigencia del decreto 5-99-E "continuarán vigentes hasta el término de las mismas, conservando el concesionario el derecho de renovar la concesión" luego de que una autoridad competente determine técnicamente la viabilidad.
Desconociendo este decreto, el 24 de junio del 2003, mediante instrumento 354 el procurador general de la República Sergio Zavala Leiva le otorga a Edax Hosman Alvarado Gutiérrez, gerente de Excasur, una concesión de 306.95 hectáreas ubicadas en el lugar conocido como El Faro.
El sector de El Faro está dentro del Área de Manejo de Hábitat Especie La Berbería, declarada como uno de los 10 sitios costeros protegidos, y que también forman parte del Sitio Ramsar Mil.
En la cláusula 2 del contrato de arrendamiento se le prohibe a Excasur la explotación y corte de mangle y se le exige respetar en todo momento las leyes de protección y ordenanza de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal o cualquier otro organismo del Estado con relación a la material ambiental.
También se le prohibe expandir el proyecto sin la autorización previa y por escrito de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
La cláusula 11 de la concesión establece que el concesionario debe abocarse a la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente para que dicte los términos de referencia en la elaboración de impacto ambiental o plan de medidas de mitigación.
En la cláusula 12 se le deja claro al concesionario que antes de comenzar su proyecto de camarones debe presentar a la Dirección General de Pesca y Acuicultura la licencia ambiental. Sin embargo, Excasur, sin contar con ninguna autorización, comenzó sus operaciones en el 2003 y para el 2007 ya contaba con cuatro lagunas. Las denuncias de destrucción del mangle comenzaron a surgir.
Cálix sostiene que Alvarado "compró de buena fe, entendiendo posteriormente que por su ubicación se trataba de un terreno de carácter nacional". Él argumenta la solicitud en el artículo 2 del decreto legislativo 5-99-E de que "los poseedores y propietarios de terrenos que se encuentren dentro de los límites de las áreas naturales descritas seguirán conservando sus derechos y el uso actual de aprovechamiento...".
El dictamen técnico DAPVS-023-2008, emitido el 3 de marzo del 2008 por la ingeniera Martha Ivonne Oviedo, encargada del Departamento de Áreas Protegidas, y revisado por el ingeniero Óscar Armando Raudales, establece la no viabilidad de la ampliación del proyecto camaronero solicitado por Excasur.
"Mediante memorando 010-2008 de la región Forestal del Pacífico se remite expediente SERNA 2007-A-281 e informa de la inspección de campo realizada por la coordinadora regional de Áreas Protegidas (memorando APVS-07-2008). Las áreas solicitadas para ampliación de la infraestructura de Excasur se encuentran dentro del Área de Manejo de Hábitat por Especie La Berbería".
"En base a lo observado este departamento es de la opinión técnica que, considerando los objetivos de creación del área y lo establecido en el plan de manejo y el Plan de Ordenación del Bosque de Mangle del Golfo de Fonseca, no es factible la ampliación de nuevas obras de infraestructura para la actividad de cultivo de camarón".
De igual manera, el 12 de diciembre de 2008, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), en su dictamen técnico 2656-2008, concluyó que la finca de Excasur opera con cuatro lagunas en el lugar denominado como sector B y se encuentran en etapa de construcción el sector A y C, las cuales suman nueve lagunas de producción.
La DECA determina "que la ampliación del sector A y el sector C del proyecto Finca Camaronera Exportadora de Camarones del Sur no es ambientalmente viable, ya que no está de acuerdo con el plan de manejo del Golfo de Fonseca".
Sin embargo, debido a que el proyecto inició actividades de producción en el año 1999 en lo que respecta al sector B del proyecto que se compone de cuatro lagunas de producción en un área de 147.97 hectáreas, la DECA establece que "únicamente el sector B del proyecto puede seguir operando, siempre y cuando cumpla con las medidas de control ambiental".
El 9 de febrero de 2009, Leidy Matute Romero, asesora legal y María del Carmen Anariba, como directora legal de la Unidad de Servicios Legales de la Serna, emiten el dictamen número 165-2009 donde se pronuncia en forma favorable a la licencia ambiental de acuerdo con el dictamen de la DECA.
El 4 de septiembre de 2009, la Serna emite la resolución ministerial 1210-2009 donde se resuelve declarar con lugar la solicitud presentada por el abogado Jacobo Cálix Hernández, quien a su vez sustituyó poder en el abogado Héctor Antonio Peña Flores.
"Autorizar la licencia ambiental para el proyecto Finca Camaronera Exportadora de Camarones del Sur, únicamente para el sector B, el cual comprende cuatro lagunas de producción en un área de 147.97 hectáreas", dice la resolución firmada por Ochoa Henríquez y Midence Rivera. El uno de octubre del 2009 se le entrega a Excasur la licencia ambiental número 105-2009, correspondiente únicamente al sector B. El documento tiene una duración de dos años.
El 10 de diciembre de 2009, Juan Carlos Domínguez, nuevo asesor legal, y Ana Lourdes Martínez Cruz, nueva directora legal, de la Unidad de Servicios Legales de la Serna, emiten el dictamen 900-2009 sobre el recurso de reposición interpuesto por Héctor Antonio Peña Flores en su condición de apoderado legal de Excasur contra la resolución del 4 de septiembre.
El nuevo dictamen favorece a Excasur, tras interpretarse que los artículos 2 y 3 del decreto 5-99-E permiten las ampliaciones de los proyectos camaroneros en áreas protegidas.
Asimismo, en el nuevo informe se sostiene que como el plan de manejo de la Cohdefor se creó vía decreto que no fue publicado en el diario oficial La Gaceta no tiene mayor validez. Con estos argumentos, Domínguez y Martínez Cruz dictaminan favorablemente para que se declare con lugar el recurso de reposición.
Con esta nueva resolución Ochoa Henríquez y Midence Rivera, mediante resolución número 1650-2009, con fecha 11 de diciembre del 2009, declaran con lugar el recurso de reposición de Excasur y le conceden la ampliación de los sectores A y C, entregándole el 15 de diciembre una nueva licencia ambiental, bajo el registro número 144-2009, la cual vence el próximo 15 de diciembre.
Con la licencia ambiental la camaronera se expandió. De cuatro lagunas que tenía en el 2008, ahora cuenta con 17. El viernes recién pasado a las 10:55 de la mañana EL HERALDO llamó vía teléfono a la oficina de Alvarado para conocer su versión, pero nadie contestó.
Se le localizó en su número móvil 9942-15... pero cortó cuando se le consultó sobre la operación de su empresa. Se le repitió la llamada y no volvió a responder.
El otorgamiento de la licencia ambiental a la empresa Excasur se realizó dentro de los parámetros legales, dijo Norman Gilberto Ochoa Henríquez, exviceministro de la Serna.
El exviceministro justificó su acción argumentando que donde está Excasur siempre se desarrolló una industria salinera. "Ellos tienen un dictamen del Instituto de Conservación Forestal donde establece que está en una zona de usos múltiples compatible con la producción de camarones".
Según él, el decreto 5-99-E lo que establece es que no se darán más concesiones en el área protegida, pero no prohíbe las ampliaciones de los proyectos que ahí ya se encontraban antes del año 2000.
Recordó que antes de otorgar la licencia tenía conocimiento de que a Excasur se le seguía un juicio, pero en los tribunales de primera instancia se le declaró inocente.
"A mí me vino una orden judicial de primera instancia donde la declaran inocente. En este país estamos acostumbrados a criticar a las personas y tratarlas como culpables y nuestra Constitución de la República dice que uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario". La decisión judicial que mencionó el exviceministro, según la Fiscalía, todavía no está firme. El expediente actualmente se encuentra en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
"Todo ha sido legal, si hay una denuncia eso no quiere decir que sea culpable. Ahora si se determina en la instancia donde está, que el es culpable, la Secretaría (Serna) tiene que hacer el proceso de quitarle la licencia y posteriormente quitarle la concesión", manifestó Ochoa Henríquez.
Fuente: El Heraldo
No hay comentarios:
Publicar un comentario