La Almadraba

Hoy se ha producido una noticia en el municipio de San Fernando que puede parecer de poca importancia pero que, al menos en mi opinión, tiene una enorme trascendencia.

La Almadrba de San Fernando es una zona de viviendas surgidas a mitad del siglo XX junto al límite de la marisma y sin ningún tipo de licencia. Con el paso de los años estas edificaciones fueron consolidándose, si bien la zona siempre ha tenido la consideración de suelo no urbanizable, clasificación que tenía este espacio a la entrada en vigor de la Ley de Costa, en julio de 1988.

Como consecuencia de la situación legal de las edificaciones en 1988, al realizarse el correspondiente deslinde de los bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre, la zona de servidumbre de protección se establece en 100 m., de modo completamente coherente y ajustado a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

Los movimientos vecinales generados como consecuencia de la aprobación del deslinde, con el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando, trajeron como consecuencia la modificación de la zona de servidumbre de protección la cual ha pasado de 100 a 20 m, tras informar la Consejería de Ordenación del territorio que la zona tenía la consideración de urbana en 1988.

De este modo parecía solucionarse el problema de las viviendas de La Almadraba, pero las consecuencias de esta polémica decisión acaban de empezar a verse:

El ayuntamiento de San Fernando reclama que la zona de servidumbre de protección se establezca en 20 m incluso en terrenos que están, a día de hoy, sin urbanizar, alegando que debe tratarse a todos por igual. Este es un argumento muy peligroso, por cuanto habría que tratarse de la misma forma a todas las edificaciones ilegales existentes en nuestras costas.

Y ello pese a que el planeamiento puede dar soluciones a estas situaciones, como se está planteando en las costas de Rota, en la zona de Aguadulce. Pero estamos asistiendo a un proceso en el que el peso de las asociaciones de vecinos, incluso cuando se trata de edificaciones ilegales, se está imponiendo a cualquier otro razonamiento, llevando a los ayuntamientos a legalizar todas estas situaciones.

Esperemos que actuaciones como las de Aguadulce se impongan a las de San Fernando, de lo contrario estaremos asistiendo al comienzo de la legalización de los miles de viviendas ilegales de nuestras costas.