La Audiencia Provincial de Cádiz ha ratificado una Sentencia del Juzgado de lo Penal de Cádiz, por la que se condena a un procesado a un año y seis meses de prisión, así como al derribo de una edificación construida en Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, en el municipio de Chiclana de la Frontera.
Esta es una nueva noticia que se viene a unir al ya conocido derribo del centro de Talasoterapia del Hotel Costa de la Luz (Rota), del que ya hablamos en este blog el pasado mes de diciembre, y a los derribos llevados a cabo en diversas zonas del litoral de la provincia de Cádiz a lo largo de 2007 y 2008.
No cabe duda de que se están recogiendo los esfuerzos que, en este sentido, se están llevando a cabo por parte de la Junta de Andalucía y su Delegación Provincial de Medio Ambiente, que desde hace varios años ha reforzado las actuaciones en materia de gestión de la zona de servidumbre de protección y con ella las de vigilancia y sanción.
Sin lugar a dudas este tipo de actuaciones, apoyadas en los cambios legislativos que permitieron la incorporación del delito contra la ordenación del territorio o la creación de la figura del Fiscal de Medio Ambiente, están teniendo un reflejo claro sobre la sociedad. Por fin podremos dejar atrás el célebre pensamiento de que en España se puede construir de forma ilegal porque no ocurre nada.
Y este interés contrasta con las actuaciones llevadas a cabo por parte de los ayuntamientos, por cuanto las preguntas no dejan de sonar de forma repetitiva: ¿cómo puede construirse una vivienda sin licencia?, ¿cómo un ayuntamiento puede no enterarse de este tipo de actividad constructiva, máxime cuando se tienen miles de viviendas construidas de esa forma?.
Pero otra pregunta me viene también a la cabeza: ¿que ocurrió con la Oficina del Litoral?, ¿cómo salvaguarda la Consejería de Vivienda el cumplimiento de la legalidad urbanística por parte de los ayuntamientos?. Hace unos años asistimos a la retirada de las competencias en materia urbanística al municipio de Marbella, ¿podría ocurrir lo mismo con otros municipios en los que el número de viviendas ilegales supera las 7.000?.
Cuando esto ocurra habremos atajado uno de los principales problemas de las costas andaluzas y españolas, por cuanto la adminstración local no puede mirar a otro lado mientras se construye sin control en sus términos municipales-. La gestión urbanística no puede reducirse al cobro de licencias, sino también (y principalmente) a la gestión del planeamiento, bajo el lógico principio de respeto a la legalidad.
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