Urbanismo litoral e informe Auken

En los últimos días han sido varios los temas de interés relacionados con la costa y su gestión que han asaltado los primeros planos de la actualidad informativa. De entre ellos uno de los más destacados es el informe Auken, referido a los procesos urbanizadores acaecidos en España en los últimos años.

Y es que debemos recordar que en estos años de boom inmobiliario hemos asistido a un importante crecimiento del parque de viviendas, sobre todo en las zonas costeras, destinadas a segundas (o incluso terceras) residencias. En este proceso, se han producido varios elementos destacables:

1. La planificación de los espacios litorales ha estado liderada por la iniciativa privada, pese a que se ha apoyado en bienes de dominio público, en lugar de estar dirigida por los poderes públicos.


2. Se ha acabado con algunos de los mejores ecosistemas litorales, destrozando sistemas dunares, marismeños..., destrozando el paisaje.


3. Muchas de estas actuaciones se han acompañado de la corrupción de los cargos públicos, como se puede comprobar casi diariamente con los numerosos casos judiciales abiertos.

Pero este ímpetu constructivo se ha vestido de desarrollo, olvidando lo indicado por muchos desde hace años: que la segunda residencia no era la solución económica de nuestro país, entre otros motivos porque sólo crea empleo durante la fase de construcción, al contrario que otros modelos como el hotelero, que también crea empleo durante su explotación. Y todo para unas viviendas ocupadas tan sólo durante los meses estivales (julio - agosto) dejando el resto del año un paisaje desolador, de pueblos casi fantasmas con cientos de viviendas vacias.

Este modelo ha contribuido igualmente, y paradógicamente, al empobrecimiento de estos municipios, por cuanto este modelo especulativo genera importantes gastos derivados de la necesidad de mantener amplias redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, recogida de basuras...

Pero junto a esto hemos visto un curioso fenómeno, casas ilegales que han cambiado de manos, muchas de ellas pasando a extranjeros que han comprado de buena fe y han visto como esas viviendas estaban en muchos casos afectados por la Ley 22/88 de Costas. Por cierto que esta situación nos muestra otra realidad del proceso que tanto ha afectado a nuestros litorales: ¿por qué los registradores de propiedad no informaron de la afección a la Ley de Costas?

Todo ello dió como resultado la presentación de diversos escritos y denuncias ante la Unión Europea, provocando la investigación del Parlamento Europeo, cuyas conclusiones son demoledoras. Si bien cada uno de los considerandos es digno de un post, hoy destacaré uno de sus considerandos:

"Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas"

Unas cuantas preguntas se me vienen de inmediato a la cabeza:

¿quiere decir el Parlamento Europeo que debe dejar de aplicarse la Ley de Costas para las edificaciones construidas sin licencia en todo el borde costero de nuestro país?.

¿Cómo pude decirse que este tipo de edificaciones no generan impactos sobre la costa?¿dónde van sus vertidos, qué ha ocurrido con el paisaje?.

¿Debe modificarse la Ley para proteger unas edificaciones, en muchos casos ilegales, para proteger a unos propietarios que han comprado a un tercero?¿no sería más lógico que se actuase contra el vendedor e incluso pedir responsabilidades al Registrador de la Propiedad que no avisó de las servidumbres de la propiedad?.

Me temo que, al menos en este punto, el informe Auken ha mezclado churras y merinas. Se refiere a los derechos de los leitimos propietarios, pero no dice si se refiere a los situados en zona de servidumbre de protección, a los ubicados en dominio público marítimo terrestre ya contemplado en la anterior Ley de Costas o a los ubicados en dominio público marítimo terrestre que están ubicados allí antes de la Ley de 28 de julio de 1988 y que de acuerdo a la anterior Ley de costas estaban fuera del DPMT.

Quizás por esto el informe ha sido aplaudido por la asociación de afectados por la Ley de Costas, pero también debería ser bien analizado por aquellas asociaciones y colectivos que se han lanzado a aplaudirlo por sus críticas al modelo urbanístico que ha acabado con nuestro litoral. Todo ello sin perjuicio de otras consideraciones que, como ya he indicado merecen otro post.