Debate sobre la Ley de Costas

El pasado 8 de octubre, se celebró en La Coruña el Seminario Internacional sobre Gobernanza del Litoral, organizado por el Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña. En él, el catedrático de Derecho Administrativo, D. José Luis Meilán, planteo la necesidad de retocar la Ley 22/88, de 28 de julio de Costas.

Sin lugar a dudas, el debate planteado tiene un singular interés, máxime cuando se plantean movimientos como los de la asociación de afectados por la Ley de Costas, cuando los acuicultores y salineros de la bahía de Cádiz se reúnen con la Comisaria europea Auken al objeto de buscar argumentos en contra de la Ley de Costas o cuando se plantean los usos en el dominio público marítimo terrestre (como hemos visto este verano con el tema de los chiringuitos).

Pero el debate planteado por D. José Luis Meilán tiene un trasfondo, desde mi punto de vista mayor. Pasar de una idea de Dominio Público a otra de litoral tiene un calado profundo. Creo que son muchos, entre los que me encuentro, los que pensamos que la Ley 22/88 ha sido una buena ley de costas, pero se hizo pensando en una zona concreta de nuestro litoral: tratando de evitar que se siguiese con modelos como los existentes en la costa del sol o diversas zonas del levante español. Y sobre todo se hizo tratando de preservar el dominio público marítimo terrestre.

Así, las referencias a la zona de servidumbre de protección o a la zona de influencia son escasas (en especial esta última). Y se plantea un dominio público en base a deslindes que tienen poca capacidad de adaptarse a  las circunstancias cambiantes de nuestro litoral.

No se piense con esto que abogo por modificar los deslindes en las zonas de costa ocupadas por edificaciones ilegales. Antes al contrario, la escasa flexibilidad del deslinde nos lleva, por ejemplo, a que ante situaciones de costas en retroceso veamos como el mar avanza comiéndose lo que antes era zona de servidumbre de protección y acercándose a edificaciones antes situadas a varias decenas de metros de la línea de costa, generando una situación de riesgo para las propias edificaciones.

Y ello, debido a que el deslinde supone una foto fija de nuestra costa, sin tener en cuenta los procesos y dinámicas litorales que hacen de este un espacio variable. Por motivos como éste y por que como sabemos el concepto litoral es algo mucho más amplio que lo que supone el término costa es por lo que yo también creo que habría que modificar esta Ley, manteniendo lo que de buena tiene (que es mucho), pero adaptándola a la realidad física del espacio que pretende legislar.

Y es esa modificación habría que aprovechar para acabar con la incongruencia que supone que 20 años después de su entrada en vigor todavía sean las disposiciones transitorias las más empleadas en la gestión de nuestras costas, o que ciertas limitaciones de uso (acertadas con carácter general y con las que estoy de acuerdo), estén dando lugar a la pérdida de un importantísimo patrimonio costero como son los equipamientos abandonados de la guardia civil o las casas salineras de la bahía de Cádiz.

Espero que sigan oyéndose voces que soliciten este debate sobre la ley de costas, para convertirla en una ley sobre litoral, como paso para lograr la tan ansiada gestión integrada del litoral.