Senadores y diputados han aprobado las modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura que permiten que los bancos puedan recibir como hipoteca la propiedad de las concesiones acuícolas de las compañías salmoneras.La Ley impulsada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la patronal SalmonChile, y los Ministros de Economía y Hacienda estuvo más de un año en discusión legislativa donde organizaciones ciudadanas, pescadores, sindicatos salmoneros y empresarios del turismo local, entre otros, pusieron tenaz rechazo, porque esta ley “comienza a privatizar zonas marinas al transformar en forma gratuita Bienes Nacionales de Uso Público, en propiedad privada hipotecable en el sistema financiero”.
Luego de la aprobación el jefe de la patronal salmonera, Cesar Barros, mostró su satisfacción por lo legislado por las Cámaras de Diputados y Senadores y afirmó que "esto dará un sustento jurídico a bancos e inversionistas, que tendrán menos incertidumbre y podrán confiar en nuestro sector", reafirmando con esto la entrada de los bancos al manejo de la propiedad de zonas marinas.
Frente a esto el Centro Ecoceanos señaló que “estamos frente a una de las “leyes de amarre negociada cupularmente entre el gobierno de Michele Bachelet , sectores de la Concertación (PDC y PS) , los bancos, Salmón Chile y la derecha política (RN y UDI)”.
La organización ciudadana agregó que “esta vergonzosa ley, hecha a la medida del gran empresariado y sus bancos acreedores, busca impulsar la fase final del proceso de privatización, concentración económica, transnacionalización y disminución del papel fiscalizador del Estado en el sector pesquero y de acuicultura chileno”.
La principal razón de esta nueva Ley, por sobre cualquier consideración sanitaria o ambiental, es otorgar certeza jurídica a los bancos acreedores (BBVA, Santander, Rabobank, Itau, BCI, Banco de Chile, Corpbanca y BancoEstado), sobre la constitución y ejecución de garantías sobre las concesiones y autorizaciones de acuicultura como forma de asegurar el pago de la billonaria deuda privada de 2.500 millones de dólares que tienen la empresas salmoneras.
Esta ley mantiene la débil e ineficaz regulación ambiental, sanitaria y laboral, posibilitando la externalización de los costos proveniente de la crisis sanitaria creada por las malas prácticas de la propia industria hacia el Estado, a los ciudadanos, a trabajadores y al medio ambiente y el patrimonio sanitario del país” .
Ecoceanos indicó que “la masiva utilización de dinero público proveniente de los contribuyentes chilenos y la expropiación de bienes nacionales de uso público, son parte del Plan de rescate que apoyará una excluyente segunda fase de expansión de la industria salmonera en Chile”.
Fuente: Ecoceanos
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