Localización de pecios en el Golfo de Cádiz

Foto: MDE

La Armada española ha localizado un centenar de posibles pecios en aguas del Golfo de Cádiz, durante el primer mes de la campaña de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, en colaboración con el Centro de Arqueología Subacuática (CAS) de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El análisis posterior de los restos hallados permitirá identificar las embarcaciones hundidas y determinar su interés histórico.

Dicha campaña se enmarca en las actividades previstas en el protocolo general sobre colaboración y coordinación en el ámbito de la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, suscrito el 9 de julio de 2009 en Cartagena (Murcia) entre los Ministerios de Cultura y Defensa, para el levantamiento de las cartas arqueológicas de pecios, y en particular de los pecios de buques de Estado que se encuentran en las aguas de soberanía o jurisdicción española.

La Armada española ha colaborado en esta primera campaña que se lleva a cabo en aguas del Golfo de Cádiz aportando, además del Instituto Hidrográfico, dos cazaminas, una lancha hidrográfica y más de 100 marinos. 

Se estima que las aguas del Golfo de Cádiz se acumulan entre 500 y 800 pecios de los más de 3.000 que hay en todo el litoral de España. La mayoría son barcos, aunque también pueden ser aviones, submarinos o asentamientos humanos. Gracias a la campaña iniciada en el mes de septiembre, hasta el momento se han localizado un centenar de posibles pecios, y en las próximas semanas se podrá conocer cuántos de ellos son realmente de interés histórico.

Las ministras de Defensa y de Cultura, coincidieron en Cádiz en que esta primera campaña ha sido un éxito y un ejemplo de coordinación entre diferentes instituciones estatales y locales. Además, se ha adquirido un experiencia que servirá para ser más eficaces en campañas futuras, tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas.

En este sentido, Carme Chacón resaltó la labor de nuestras Fuerzas Armadas para la defensa de nuestro patrimonio cultural subacuático, y subrayó que “con tiempo y dedicación, lograremos que la arqueología submarina deje de ser una de las grandes asignaturas pendientes de España”.

“Nuestra Armada pone los mejores medios del siglo XXI a disposición de los españoles para garantizar la seguridad de nuestro presente. Ahora también emplea estos medios para asegurar la preservación de nuestro pasado”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, destacó que el convenio suscrito entre los Ministerios de Defensa y de Cultura y la Junta de Andalucía adopta medidas pioneras y evita el expolio, abriendo estrategias de investigación.

“Se trata de la primera operación de una serie de convenios que se está firmando con las comunidades autónomas interesadas en desarrollar cartas arqueológicas subacuáticas y promover la investigación y el desarrollo de proyectos de prospección o excavación”, añadió la ministra de Cultura. “Debemos recordar que España desempeña un papel muy activo en la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO; y ya es habitual que los Ministerios de Cultura, Defensa y Asuntos Exteriores colaboren con países americanos en proyectos de cooperación y de formación”.

Ésta ha sido la primera campaña llevada a cabo en virtud del protocolo general sobre colaboración y coordinación en el ámbito de la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático suscrito entre los Ministerios de Defensa y de Cultura.

Este protocolo prevé que cuando se efectúe la extracción y recuperación de pecios o restos arqueológicos pertenecientes a buques de Estado, se tendrá en cuenta el interés del Museo Naval y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática en ser destinatarios, en forma de depósitos temporales, de las piezas extraídas que completen colecciones ya existentes en los mismos, o que tengan una especial significación histórica, naval, náutica o arqueológica. En cualquier caso, el destinatario de las piezas extraídas siempre será un museo de titularidad pública que determinará la Administración Pública competente.